recortes en educación


José Gimeno Sacristán en busca del sentido de la educación

Reproducimos el comentario titulado Selección y desconfianza publicado en El País el 23 de agosto de 2012 por José Gimeno Sacristán  catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia

Este comentario viene a colación de cómo las propuestas políticas tienen una visión de la educación poco exigente en lo que se refiere a la amplitud de fines, matices del discurso y con pocas ambiciones. Sin embargo, se las ve muy preocupadas en demostrar la eficacia, controlando por medios técnicos el funcionamiento de los sistemas escolares, el diagnóstico y comparación de resultados. Da la impresión de que la educación como utopía está agotada. Y eso conduce a la desaparición de preguntas importantes que movilicen el pensamiento y la investigación.

En la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo exigido al alumnado acaba concretando lo que nos importa más conseguir y, así, en las políticas educativas nos pasaría lo mismo: que acaban reduciendo la educación a lo que exigen en la evaluación del sistema. La evaluación se convierte de esa forma en la manera directa de intervenir en la mejora de la calidad y, de paso, hace de ella el instrumento para hacer política educativa. Las razones para evaluar parecen agotar lo que son las razones para educar. Esta es una de las explicaciones del auge de las evaluaciones externas: suplen a otras políticas de control del conocimiento (del currículo), de la innovación y de la formación del profesorado, al convertirse en toda una pedagogía.

Como ya sabemos, se denominan evaluaciones externas a aquellas que son realizadas por personas, agencias o instituciones locales, nacionales o internacionales, siempre ajenas a quienes van a ser evaluados. Existe un amplio espectro de ejemplos de este tipo de evaluación, desde el informe que hace un inspector en un centro hasta el informe de evaluación que realizan las agencias de calificación de riesgos en el mercado financiero en un determinado país para dar confianza a los inversores. Seguro que a muchos nos suena más la agencia Moodys por su presencia en la crisis económica. Las auditorías son otra forma de información elaborada, destinada a dar cuenta de cómo funciona una institución, una empresa, los efectos de un programa, etcétera. Estas evaluaciones se encargan puntualmente o se llevan a cabo dentro de una estrategia de seguimiento de la evolución de determinados aspectos.

En educación también tenemos nuestras particulares agencias de rating tipo Moodys. Las evaluaciones externas que, en nuestro caso, se realizan promovidas por las administraciones desde fuera aplicando pruebas que valoran al alumnado en una serie de indicadores, cumplen determinadas funciones y tienen, también, efectos secundarios no fáciles de controlar.

Tenemos conocimiento y experiencia en España acerca de algunos ejemplos de evaluación externa, por ejemplo, las reválidas y las pruebas finales de acreditación. La reválida (como su nombre indica, consista en unas pruebas de evaluación de los contenidos dados en un determinado ciclo de enseñanza), cuya justificación no es fácil que la hagan explícita quienes sostienen su bondad. Podemos preguntar irónicamente si es que se quiere que el estudiante tenga que rememorar (repasar) lo que en su día tuvo que aprender para superar las materias o áreas del currículum provocando el repaso de los contenidos cursados, lo cual no tiene sentido, pues, por la misma lógica, habría que realizar constantes reválidas. Revalidar no es dar más educación ni mejor enseñanza, sino una dificultad añadida a los estudios, pudiendo comprobarse que indican el tipo de aprendizaje que es considerado útil para superarlas.

Otro argumento muy utilizado es pensar que poner en el horizonte una prueba de reválida de cuya superación depende la obtención de una titulación será un modo de fomentar la motivación y el esfuerzo mirando el arco de triunfo de la salida. Un argumento que el alumno contestaría con la pregunta: “¿Tan largo me lo fiáis?” que hace Don Juan cuando la pecadora le recuerda que hay infierno y muerte. ¿No se le puede ofrecer al alumno otra motivación?

Las reválidas sí que cumplen una función segura, la de seleccionar a los alumnos más débiles, por lo que no es moralmente aceptable cuando esas pruebas se aplican en la educación obligatoria. Siendo dudosa la utilidad más allá de ese periodo.

En el Libro Blanco (1969) que precedió a la Ley General de Educación de 1970 se razonaba la supresión de las dos reválidas que existían tras los bachilleratos elemental y superior, como medidas para aumentar la afluencia y permanencia en el sistema educativo de una creciente población joven, mejorando su nivel cultural.

Aquellas pruebas estrangulaban la pirámide escolar. En el curso 1965-66, la mitad de los alumnos no superaba la reválida del Bachillerato Elemental (cursado entre los 10 y los 14 años). Un 43% fracasaba en la de Bachillerato Superior. Los reprobados se veían obligados a salir del sistema y nutrían la que se denominó ironías del lenguaje enseñanza libre, que no era otra cosa que clases para fracasados en academias, impartidas en muy malas condiciones, o tenían que valerse de los apoyos de profesores particulares, siempre pagados por las familias. No conocemos a nadie que haya argumentado que la supresión de aquellas pruebas fuera entonces causa de deterioro alguno de la calidad del sistema educativo, sino más bien al contrario: democratizó la educación y mejoró el nivel del país.

Las reválidas o cualquier otra prueba externa al final de ciclo, cuya función sea la de acreditar la suficiencia para obtener una determinada titulación, significa recelar y desconfiar del sistema de enseñanza en general y, especialmente, del profesorado que es el que controla el aprendizaje y la progresión de mismo. No se confía en que imparta los contenidos estipulados, o no los exija con el nivel de dificultad debido.

Suele argumentarse que, precisamente, porque hay diferencias entre profesores y centros cuando desarrollan el currículo, cuando se requieren desiguales niveles de exigencias, la prueba externa a todos ellos los pondría en igualdad de condiciones para obtener los mejores resultados, de acuerdo a las posibilidades de cada uno.

Este es un argumento que se da para justificar la prueba de Selectividad a la entrada de la enseñanza universitaria, pues de esa forma los colegios públicos quedan igualados a los privados, al ser medidos no por las calificaciones de sus respectivos profesores, sino por una misma medida. Lo cual no creo que anule las desigualdades que pudieran existir, las cuales vienen de más atrás, de los procesos de selección que realizan algunos centros privados y que se manifiestan en todo momento. El efecto corrector de las pruebas sería eficaz en el caso de que algún centro falseara las calificaciones.

Las pruebas externas que dan lugar a acreditaciones o títulos pueden justificarse como una medida para mantener la cohesión de un sistema educativo dentro de un Estado, pues garantizaría la exigencia de asimilar la cultura seleccionada como patrimonio para todos igual para todos en todo el territorio. En España está ocurriendo todo lo contrario. Las comunidades autónomas quieren diferenciarse haciendo sus particulares evaluaciones externas o que se les proporcionen sus resultados segregados, como ocurre en el proyecto PISA, creando retratos diferenciados de cada una de ellas. Si se recurre a las pruebas externas como el mecanismo para homologar territorios, será porque fallan otros controles, como es la Alta Inspección, las regulaciones estatales del currículo o las orientaciones sobre los materiales curriculares.

José Gimeno Sacristán es catedrático de Didáctica de la Universidad de Valencia. Este es un extracto de un capítulo del libro En busca de sentido de la educación, que publicará la editorial Morata este año.

Las protestas de la enseñanza triunfarán si implican a las familias

Este es el título del artículo aparecido hoy en El País que recoge la opinión de Michael W. Apple sobre la situación de la educación pública.

Queremos resaltar este párrafo donde el autor habla de qué quiere decir cuando utiliza el término de Escuela democrática:

“P. ¿A qué se refiere cuando alude a la escuela democrática?

R. A un currículo escolar que se ajuste a la vida real de las familias. Se trata de ampliarlo para que no sea solo adquirir conocimiento y conseguir un trabajo. Hay que generar ciudadanos críticos en un modelo en el que participe la comunidad entera, no solo padres y profesores. Un modelo en el que haya solidaridad y los docentes sean realmente tratados como profesionales.”

Michael W. Apple ha publicado: Escuelas democráticas y Política cultural y educación. recientemente escribió Las tareas del académico y activista crítico de la educación José Gimeno Sacristán. Autor que acaba de ser nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Lulis.

LOS RECORTES: UNA AGRESIÓN A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (Y A SUS DOCENTES)

Manuel de Puelles Benítez Catedrático emérito de Política educativa (UNED) nos ofrece su esclarecedor punto de vista sobre este tema.

Los recortes en la educación pública son la consecuencia de un discurso político del que está ausente la idea de justicia y de lo público. Por eso, lo más apremiante es reivindicar el principio de lo justo (fundamento civilizado de una sociedad) y de lo público (que es lo que nos integra a todos).

Puede argumentarse que en tiempos difíciles es necesario recortar también la educación. Sí, pero la educación debe ser la última partida a recortar y, en todo caso, debe hacerse con equidad, es decir, contribuyendo todos, no siempre los mismos. ¿Responde a la equidad recortar los fondos públicos de nuestros colegios e institutos y no los fondos públicos asignados a la educación privada concertada? ¿Es justo recortar los fondos a la educación pública cuando al mismo tiempo se mantienen las desgravaciones fiscales a la educación privada, como ocurre en la Comunidad de Madrid?

Si hay que recortar, reajústense las prioridades presupuestarias, recórtense o elimínense los gastos de las campañas institucionales, las cuantiosas desgravaciones fiscales de todo tipo, las incontables subvenciones a fondo perdido, el enorme gasto de las televisiones autonómicas (en algunas comunidades hay dos o tres canales), y un innumerable y largo etcétera. De hecho lo que los recortes en educación reflejan es sólo la pobre prioridad que algunas comunidades asignan a la educación pública (no a la privada).

Recortar el gasto público es rebajar la inversión en educación que, desde hace muchos años, los economistas consideran una de las más productivas (un euro invertido en educación produce a la larga cuatro). La política de recortes pone en peligro los últimos logros alcanzados: por primera vez en muchos años el fracaso escolar, medido por la tasa de graduados en educación básica, ha bajado de un 31% en 2007 a un 26% en 2009 (cinco puntos porcentuales), y el abandono escolar temprano, es decir, la tasa de estudiantes que abandonan la formación postobligatoria -bachillerato y formación profesional de grado medio-, ha bajado de un 31,9% en 2008 a un 28,1% en 2010 (3 puntos y medio). La mejora de los dos indicadores más expresivos del sistema educativo se ha producido probablemente por las políticas de refuerzo del aprendizaje, apoyo, desdoblamientos de aulas, consolidación de la tutoría y de la orientación escolar, políticas que son las que están sufriendo más los recortes como consecuencia de la supresión de profesores (si el objetivo prioritario, dicen, es crear empleo, ¿se crea empleo despidiendo profesores?).

El efecto beneficioso del gasto público en educación no se produce de inmediato sino que necesita tiempo. Los recortes de ahora producirán a medio plazo un efecto nocivo. No se diga que el gasto no siempre produce calidad. Eso es cierto sólo a partir de un determinado umbral que nosotros no hemos alcanzado, olvidando que los mejores sistemas educativos, con los que queremos compararnos, invierten, desde hace lustros, entre un 6% y un 7% del PIB en educación (nosotros no llegamos al 5%).

Manuel de Puelles Benítez ha publicado con Morata Problemas actuales de política educativa, obra incluida en la colección Razones y propuestas educativas.

Libertad, igualdad y educación por Manuel de Puelles

Hoy aparecía en el periódico El País  un artículo  de Manuel de Puelles titulado Socavar una conquista social . El autor explica cómo gracias al movimiento estudiantil de los años ochenta, se consiguió que el bachillerato y la formación profesional fueran gratuítos. Esta gratuidad surgió como consecuencia del reconocimiento en la Constitución de la educación como un derecho de todos.

Queremos recuperar aquí una cita aparecida en Problemas actuales de política educativa de Manuel Puelles
sobre los derechos a la libertad y a la igualdad.

“El derecho a las libertades individuales es una trampa si dejamos de preocuparnos por la igualdad […]. No es posible separar la libertad de la igualdad. El error de las teorías neoliberales está en pensar que sí lo es […].
Es cierto que hace falta un buen número de libertades negativas para poder ejercer positivamente la libertad. Pero esa condición no es suficiente. Sin educación, sin salud, sin trabajo, sin todo aquello que hace de una persona una persona normal, la libertad es un adorno casi inútil”.

(CAMPS, 1994, pág. 17.)

Jurjo Torres critica las políticas neoliberales en educación

” Las políticas neoliberales en educación cada vez son denunciadas por más voces y en un mayor número de países. Esta vez es llamativa la fuerte acusación que acaba de realizar Jack Lang, el intelectual y dos veces ministro socialista de educación en Francia.

En su recién editado último libro, Pourquoi ce vandalisme d’État contre l’École. Lettre au Président de la République (Editions du Félin), acaba de lanzar una durísima denuncia contra el gobierno conservador de Nicolás Sarkozy. Acusa a su gobierno de estar realizando un “vandalismo de Estado” contra la escuela pública, de convertirse en una “máquina infernal” para llevar a cabo una “destrucción planificada” y una “privatización progresiva”, un recorte brutal en las plantillas de profesorado, de los recursos didácticos, de los programas de formación y actualización del profesorado … sobre la base de toda clase de mentiras y ataques al profesorado y a sus organizaciones.
            Una denuncia que se suma a muchas otras que, desde hace varios años, se vienen haciendo también en nuestro país de ataque y destrucción del Estado del bienestar.

«Monsieur le Président de la République,

De la déception, je suis maintenant passé à la colère et à la stupéfaction.

Pour la première fois dans l’histoire de la République, vos gouvernements exécutent sans état d’âme un plan pluriannuel de destruction d’emplois dans l’Education nationale: plus de 15000 postes supprimés chaque année ; bientôt près d’un dixième des acteurs de l’Ecole manquant à l’appel. Sous prétexte de limiter les dépenses, on dilapide le plus précieux : l’avenir de nos enfants, qui est aussi la première richesse de la Nation. Y a-t-il au moins, derrière ce saccage, un projet politique visant à «faire mieux avec moins»? Nullement ! Comme le juge de Lucky Luke s’exclamait «pendons-les d’abord, nous les jugerons ensuite», les ministres sabrent aveuglement dans les recrutements, puis improvisent des réformes dilettantes ou trompeuses pour maquiller leur absence de vision à long terme. Que d’arguments fallacieux, de chiffres tronqués, de jeux de dupes et d’illusions d’optiques ! Aucune nuance de la palette du mensonge ne nous aura été épargnée»